Esta semana los portales de noticias informaban que el Ministerio de Defensa creará una unidad especial para apoyar a todas las fuerzas de seguridad, casualmente la publicación se realizaba el día después de un llamativo tiroteo en el centro de la ciudad porteña. La actual Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) funciona actualmente bajo la órbita del Ejército exclusivamente, pero se ampliaría para la Armada y la Fuerza Aérea en una unidad centralizada.
Esta semana precisamente, tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el ministro de Defensa Aguad realizaron visitas oficiales: en Washington para completar la agenda de entrevistas con autoridades de la DEA, la Homeland Security, FBI y el Departamento de Estado y en Miami para reunirse con los altos mandos del Comando Sur.
-
“El objetivo del gobierno es intensificar los acuerdos de cooperación que se establecieron con Washington desde que Macri llegó al poder. Tras su reunión con Trump el año pasado el presidente argentino selló una batería de acuerdos que ahora se pondrán en marcha”. Infobae (3 de febrero de 2018)
Para equipar a este comando especial unificado de las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa compró a Italia 20 helicópteros Augusta Westland AB206, en los próximos días llegarán de Estados Unidos otros cuatro helicópteros Bell 412 EP que serán utilizados para tareas de búsqueda y rescate; se usarán los cinco aviones Dassault-Breguet Super Étendard, conocidos como el «estandarte», comprados a Francia; también está en revisión la compra a Francia de cuatro buques de patrullaje y se prevé el reequipamiento de camiones y blindados.
Hace unos pocos días nos vuelven a sorprender: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obtuvo en Washington el compromiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos para armar una “task force” (fuerza de intervención) con capacidad de intervenir en el noreste argentino y sede en Misiones para evitar el posible ingreso de estupefacientes al país. Esta unidad se sumará a un grupo similar que ya opera en Salta, y que está formado “por policías federales y provinciales y agentes de DEA, que trabajan en zonas complejas “en las que se produce cocaína” (?).
Pero claro, detrás de la lucha contra el narcotráfico, siempre termina vislumbrándose el objetivo real. Altos funcionarios estadounidenses le transmitieron la preocupación a la Ministra sobre la presencia del grupo libanés Hezbollah en la Triple Frontera.
“Es importante para nuestro gobierno poder colaborar con ellos y ellos colaborar con nosotros. Le hemos ofrecido tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo, y creemos que también vamos a poder contar con una representación de otras agencias, además de la DEA, que nos permita tener una mirada más profunda de lo que ahí está ocurriendo”, dijo el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.
En lo que hace al terrorismo, Milman señaló que en las distintas reuniones que vienen llevando adelante, a las que se suman el FBI y el Ministerio de Seguridad Interior, “le propusimos instalarse en la frontera del lado de la Argentina porque ellos han mostrado siempre preocupación por Hezbollah”.
Por último, mientras la vicepresidenta Gabriela Michetti anunciaba una “alianza estratégica” con Israel, la gobernadora Vidal envió a entrenarse al grupo Halcón de la policía bonaerense.
Algunos de los temas que justificarían estas acciones en conjunto son la lucha contra el narcotráfico, el cuidado de los recursos naturales y el control de grupos “extremistas”. El gobierno utiliza dos líneas generales para construir legitimidad en su accionar represivo.
Por un lado está el discurso público hacia la ciudadanía instalando el tema del “terrorismo” y el “enemigo interno”. Es notable como, desde sus primeros discursos, el gobierno de Macri comenzó a situar el tema del terrorismo en la agenda de nuestro país y se aprovecha cada una de las intervenciones para volver a señalarlo. Si a esto le sumamos, el esfuerzo descomunal que intenta hacer el gobierno desde hace casi dos años de configurar un enemigo interno, violento, extremista, que atenta contra los recursos naturales (vaca muerta), con vinculaciones extranjeras, etc., podemos comenzar a visualizar como se arma el rompecabezas.
Pero por el otro lado, está el discurso y los gestos hacia las fuerzas de seguridad. En esta línea encontramos el reconocimiento a Chocobar (el caso generó una polémica porque el juez que instruye la causa, Enrique Velazquez, procesó y embargó al agente que intervino en el asalto y, días después, el presidente Mauricio Macri convocó a Chocobar y lo respaldó públicamente), ascenso de gendarmes que participaron del operativo vinculado a Santiago Maldonado, y para terminar de despejar dudas sobre el respaldo incondicional hacia las fuerzas, la ministra de seguridad esta semana realizó las siguientes declaraciones: «Las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía”.
Elaborados los discursos (a la población en general y hacia el interior de las fuerzas) pueden comenzar a desplegar la reconstrucción y fortalecimiento del aparato represivo: compra de armamento, vehículos, entrenamiento conjunto con Ejército de Israel y EEUU, impulsar la figura de reservistas en las FFAA, etc. Nadie puede sorprenderse de que el Estado pretenda fortalecer su estructura represiva ya que casi es la esencia misma de la definición del Estado, no puede hacer otra cosa que responder a los intereses de la burguesía y los defenderán con el brazo armado.
Lo que debemos seguir de cerca es el discurso justificativo que utilizan ya que podría ser mucho más nocivo que sus tanques. Éste cala hondo en nuestra cultura, corroe la solidaridad de nuestro pueblo, buscando provocar miedo y desconfianza, siendo éstos el alimento primordial con el que se nutre la dominación y se justifica la represión.
QUIENES ESTÁN DETRÁS
Para verlo en toda su magnitud, solo hace falta pasear un rato por la página del Ministerio de Seguridad y ver algunas de las actividades desarrolladas en los últimos dos años:
-
Encuentro con funcionarios del FBI y la DEA (08/02/2018): “Con motivo de la profundización de la relación con los Estados Unidos, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el Director Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, Gastón Schulmeister, en su segundo día de misión oficial en los Estados Unidos continuaron potenciando vínculos a través de una agenda marcada por la lucha contra el delito complejo. En esta línea, los funcionarios iniciaron la jornada con una visita a la Academia de Quantico, donde conocieron los programas de entrenamiento e intercambiaron posiciones en cuanto a futuras capacitaciones conjuntas, relativas a delito complejo; delitos económicos; delitos informáticos; antiterrorismo y criminalística”
-
Acuerdo con Israel por la seguridad pública e interior (12/09/2017): “En el marco de la visita del Primer Ministro israelí a la Argentina, Benjamín Netanyahu, la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, y el Embajador de Israel en el país, Ilan Sztulman, suscribieron, en Casa Rosada, el “Acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior”, instrumento que permitirá reforzar los mecanismos existentes en diversas temáticas que hacen a la seguridad en el país.”
-
Seminario internacional sobre terrorismo (01/12/2016): “La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco y de Fronteras, Luis Green; el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Félix Marteau, participó del acto de clausura del seminario internacional: “El Combate al Terrorismo y la Financiación del Terrorismo”.. El seminario tuvo como objetivo la contribución al conocimiento y a la generación de conciencia al más alto nivel, buscando la unidad y el compromiso de toda la sociedad argentina en el contexto actual de creciente complejidad en lo que respecta a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La ministra Bullrich, señaló que es nuestro deber estar por delante del modus operandi con el que actúa el terrorismo y es por eso que hemos avanzado en mecanismos de detección de conductas terroristas.”
TERRENO YA PREPARADO
Lejos de haber cumplido con la Resolución 5/95 del Cté. de DDHH de la ONU que ordenaba a Argentina “depurar a las FFAA y de Seguridad de represores que se desempeñaron durante la Dictadura”, desde hace algo más de 15 años vienen preparando las bases para poder actuar legítimamente, construyendo figuras legales que sirvan para recortar derechos y limitar la natural reacción de la población.
Encontramos la Ley 25.241 (año 2000) cuyo art. 1º introdujo una advenediza tipificación del terrorismo (se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas) que le permite servir de base para pasar a girar sobre el verdadero objetivo último que fue la incorporación de figuras tales como el “informante”, el “arrepentido”.
Es en 2007 cuando se da el gran paso con la llamada “Ley Antiterrorista”. Por pedido de la GAFI, diputados y senadores avanzaron con esta Ley de reforma del Código Penal. En la misma se contemplan penas de hasta 20 años para quien “tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas”.
Además, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años “el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento”.
Fue modificada el 22 de diciembre de 2011 y debido a las críticas que recibió el proyecto original el Ejecutivo introdujo un párrafo al artículo 41 quinquies de la Ley 26.734 en el que se establece “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Por último, en febrero de 2017 la Ministra Bullrich presentó el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas el cual comienza con llamativas consideraciones, como por ejemplo la necesidad de destacar que el Estado se ha comprometido a garantizar los DDHH de las personas y que “la libertad de un individuo termina donde comienza la del otro”:
Configurando enemigos internos y creando hipótesis de conflicto ficticias es como pretenden reconfigurar al aparato represivo, dejando a nuestro país en condiciones de esperar la orden del Imperio para accionar e intervenir en conflictos militares (Irak, Siria, Irán, Corea Irán, Venezuela, Colombia, etc.) o poder frenar, infiltrar o reprimir cualquier tipo intento de resistencia de nuestro pueblo. Alertamos, repudiamos, nos organizamos y hacemos la denuncia nacional e internacional de los planes represivos del gobierno argentino.
Revista Centenario, 15 de febrero de 2018
