REPRESIÓN EN EL FEUDO DE BLAQUIER Y MORALES

Por Leonardo Rosales*

La provincia de Jujuy desde la década de 1920 en adelante es manejada por el Ingenio Ledesma que da la “bendición” a los gobernadores de turno.

Este caso no es la excepción, la llegada de Gerardo Morales a la gobernación de Jujuy tiene el aval y el financiamiento de la familia Blaquier, que supo ser amigo de todos los gobiernos desde la dictadura hasta los Kirchner.
Desde la impunidad garantizada a Blaquier en los delitos de lesa humanidad, la defensa de la propiedad privada de las 150.000 hectáreas del ingenio, la creciente judicialización de la protesta social que se expresa en los conflictos con los trabajadores azucareros, son parte de la devolución de favores de la U.C.R. local.
A partir de la llegada del frente cambiemos en la provincia, y el macrismo a nivel nacional, se planteó una clara estrategia en la provincia de cooptar totalmente el poder judicial ampliando de 5 a 9 los miembros del Superior Tribunal de Justicia para avanzar en la criminalización de la protesta social comenzando con la detención ilegal de Milagros Sala y otros presos políticos, tras 52 días de acampe de las organizaciones sociales en diciembre de 2015. Esta estrategia continuó con los trabajadores del ingenio Ledesma, La Esperanza, que combinó también la directa represión a las medidas de fuerza que se planteó en distintas oportunidades. Además de los despidos en el estado, la continuidad en la precarización de los trabajadores de todos los niveles de la administración pública, municipa,l docentes, y de la salud, cerrando el combo con la desarticulación o cooptación de muchas organizaciones sociales.
El movimiento obrero de Jujuy empezó a transitar los primeros pasos de unidad en acción para darle forma al frente amplio gremial que nuclea a una veintena de gremios estatales y privados que tratan de llegar a acuerdos mínimos para frenar las imposiciones del gobernador. Cuando en estos últimos tiempos la paritarias fueron impuestas a un 5 %, siendo las más bajas del país, donde con el pomposo nombre de pacto social educativo se pretende conseguir un cierto aval social para legitimar su ataque a la educación pública, con la precarización del personal docente con los descuentos por los días de huelgas para el que se atreva a protestar, el cierre de tecnicaturas terciarias públicas, cierre de los CEIJAS donde terminan sus estudios secundarios jóvenes y adultos, plan Fines, traslado de escuelas artísticas como la “Tito Guerra” para compartir un establecimiento especialmente acondicionado para chicos sordomudos, por nombrar solo algunos puntos, son el contexto en el que se decidió movilizar al inicio de sesiones del día 4 de abril en la legislatura de la provincia, siendo recibidos por gases y balas de goma.
Gerardo Morales representa una lumpen burguesía al servicio del patrón local que es Ledesma, dispuesta a entregar los negocios como el litio a grupos extranjeros, seguir manteniendo a sectores de tabaco subsidiando con $1435 millones de pesos al fondo especial del tabaco, endeudando a la provincia con bonos por 1886 millones de pesos para obras faraónicas como las Cauchari I, II,III, rematando el ingenio la Esperanza a un grupo offshore que no tiene antecedente alguno en la actividad al precio vil de 80 millones cuando tiene un activo por 300 millones de pesos y despidiendo a 338 trabajadores de un total de mil obreros. Avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de la educación y salud pública en consonancia con los pedidos de los organismos de crédito internacional, arremetidas que comete sin mucha oposición.
Los sectores populares encantados por un “hay 2019” corren sobre una ilusión devastadora para la clase obrera que significa depositar las esperanzas en un capitalismo con rasgo humanizado bajo un consignismo vacío de “vamos a volver”, sin discusión programática ni intención política de avanzar mas allá de un rejunte opositor sin brújula ni análisis de los intereses de clase en el tablero. Por otro lado una izquierda como el FIT en la provincia que, con los escaños que pudo conquistar en la institucionalidad burguesa, persiste en una ceguera política e infantilismo de izquierda, queda cada vez más aislada. Sin duda la construcción de una alternativa política real que permita resolver el problema de los trabajadores en Jujuy está pendiente y solo se puede avanzar cuando recuperemos capacidad de discusión y marchemos un horizonte superador al capitalismo corriendo la vara del sentido común reforzado por un progresismo paupérrimo.

*Secretario político del Partido Comunista de Jujuy, miembro del Consejo Editorial de Centenario. Reprimido y herido por la policía en la jornada del 4 de abril.

Revista comunista de análisis y debate