Por Raúl Alvarado
Desde los 14 años, José María, «el Kevin», trabaja junto a su familia en una cortadora de ladrillos camino a la Isla, en la zona sur de la ciudad. El laburo es de todo el día, de esos que solo alcanzan solamente para parar la olla.
En el 2018 una vecina del asentamiento donde vive, a orillas del río lo acusó de robarle el celular. Después de pasar 9 meses en la alcaidía, sin pruebas de la autoría del robo que se lo acusaba, pudo acceder a un juicio donde se consideró su corta edad, su falta de antecedentes, su condición socio-cultural. Le impusieron una condena en suspenso, la realización de un tratamiento psico-terapéutico y una reparación económica de seis mil pesos a la vecina, “reparación” que su madre arregló para pagar en 6 cuotas.
Pasaron unos meses, ni siquiera había terminado el plan de pago, y otra vez la sombra de la persecuta lo atrapó. Una buena noche Kevin volvía de ver a su banda favorita en el bolichón Barrabás, entre el retumbe de las canciones que se le habían quedado en la cabeza y la somnolencia producida por las birras no escuchó la llegada de la camioneta del G.O.P.A.R ni la voz de alto del oficial a cargo «del operativo”. Fue a parar a la Comisaría 2ª a la espera de que a los agentes se les antojara dejarlo salir. Tras días de estar tirado ahí, como un mueble más, lo largaron, mientras tanto no pudo asistir a las sesiones del tratamiento, que eran parte del plan de pago. La justicia le revocó la “probation” obligando a Kevin el cumplimiento efectivo de la condena.
El penal de Villa Las Rosas lo recibió una calurosa mañana, allí se anotó para terminar la secundaria, trabajaba en el servicio interno de limpieza y asistía a los talleres de oficio.
Apenas iniciada su estadía un guardiacárcel, que tenía contacto asiduo con los internos, dio positivo en el test de covid-19; por ende se dispuso la cuarentena preventiva de alrededor de 60 agentes y oficiales del servicio penitenciario.
Los internos del pabellón nº1 comenzaron una huelga de hambre pidiendo que se agilicen los trámites de pedidos de prisión domiciliaria, salidas transitorias, libertad condicional que les correspondía, y que no se estaban instruyendo por encontrarse en feria el juez de ejecución penal.
La justicia, cuyos miembros ganan fortunas, que tienen todas las condiciones económicas para evitar el contagio no trabajan, incluso siendo un servicio esencial. Pero los presos deben sufrir el hacinamiento en una unidad que tiene un 40% de sobrepoblación, deben permanecer allí, incluso si legalmente tienen derecho a permanecer en sus casas.
El sistema punitivo legal da la única respuesta que conoce sobre todo a los presos de condición humilde: la represión violenta. Llegó la orden política de efectivizarla, y en la represión murió Kevin.
Funcionarios, políticos, periodistas comenzaron a instalar la versión de que la muerte de Kevin fue producto de recibir una herida de arma blanca, en el contexto de una reyerta de dos grupos antagónicos que se disputaban el control de la unidad, el efecto «El Marginal» inundó los estudios de radios y televisoras donde se tejían todo tipo de teorías que versaban sobre el poder de delincuentes que siguen haciendo de las suyas, a pesar de estar alojados en correccionales.
Disipada la «hojarasca» televisa y radial, donde seguidores de los «Jony Viale» y los «Eduardo Feimann» hicieron gala de su más afinado fascismo, finalmente el poder judicial dio a conocer la autopsia realizada al cuerpo de Kevin, la cual revelaba que la muerte se debía a un disparo a quemarropa realizado con un arma reglamentaria de las fuerzas represivas. En Julio Kevin salía en libertad.
En los medios de comunicación hablan de que juntos venceremos al «enemigo invisible» que atenta contra la humanidad, mientras que en la periferia la vida los pobres vale menos que las balas que los matan.
