La ley del imperio: coca, guerra y acuerdos de paz en la Amazonia colombiana

Por Estefanía Ciro

AlaOrillaDelRío-Colombia

“El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, juzgados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacción…” Carlos Marx. Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones.

7 campesinos son masacrados (15 quedan heridos) cuando la policía nacional dispara contra ellos indiscriminadamente en Tumaco, una región que tiene más coca que Bolivia. Los campesinos hacían un cerco humanitario en defensa de sus plantes de coca, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz, esperando el proceso de sustitución que ya habían suscrito en acuerdos locales firmados por el gobierno y ellos. A los pocos días, la comisión humanitaria compuesta por ONU y OEA también es atacada por la policía en el mismo lugar, posteriormente es asesinado un dirigente campesino que se había acabado de reunir con la delegación del estado colombiano y por último son masacrados 6 ex combatientes de las FARC. En cuestión de 15 días se concretaron en Colombia los miedos que se venían acrecentando este último año con los asesinatos de los 81 líderes sociales, la violencia extendida de las erradicaciones forzadas sobre los campesinos y campesinas, y los pronunciamientos amenazantes de los Estados Unidos sobre los cultivos de coca que ponen la implementación de los acuerdos de paz en vilo al relanzar “la lucha contra las drogas”.

El entramado de lo legal y lo ilegal ha demostrado ser bastante eficaz para la consolidación de los imperios; castigar al “delincuente” y premiar al “buen ciudadano”, administrar lo legal y lo ilegal – y sus violencias- ha sido una de las tareas del estado capitalista, en una sociedad que acepta ciega quien le señalan como “malo” y a quien como “bueno” como si fuera una designación divina, transmutada en nuestros tiempos en una estatal.

Marx denunció las “paradojas” de la ley y la delimitación del criminal en el imperio británico cuando los periódicos celebraban los ahorcamientos públicos y explicaban los suicidios y homicidios que ocurrían posteriormente como resultado de la “inmadurez” de los hombres y mujeres que eran testigos de estos. La estigmatización, encarcelamiento, expropiación, desplazamientos y múltiples violencias más sobre hombres y mujeres cultivadores de coca ante los ojos de todos se convierte también en este espectáculo de poder, explotación y desposesión al que asistimos todos.

Es así que un ejemplo primero del uso de la ley como ejercicio imperial es la política global de prohibición de las drogas que, casualmente, se concretó en la misma década del estallido de la revolución de octubre, cuando se firmó la Convención Internacional del Opio (1912). Desde ahí, el entramado institucional (OMC- ONU) y legal (convenciones, tratados y asambleas)¹ se convirtieron en unas herramientas centrales de la consolidación y conflicto geopolítico de los imperios en la primera mitad del siglo XX y fue fundamental en la siguiente mitad para la predominancia del imperio estadounidense.

La fuerza de la ley del imperio sobre la prohibición de las drogas ha sido efectiva como ejercicio modelo de intervención geopolítica en América; su ejecución más reciente y actualizada en Colombia fue el continuum de Plan Colombia-Patriota-Consolidación, el diseño de un “combate contra las drogas” abiertamente anti-insurgente. Es así que la Amazonia colombiana es nuestro Afganistán; la “lucha contra las drogas” es nuestra “guerra contra el terrorismo”. El resultado, como señala Renán Vega, es un laboratorio del despojo; un experimento de guerra y “reconstrucción posguerra” en la que prueban estrategias, armas e instrumentos de violencia, desposesión y desorganización de masas, que le permiten al imperio y al capitalismo resolver sus contradicciones, como dar frente a la crisis civilizatoria en la que están envueltos. ¿En qué ha consistido la fuerza de esta ley y qué papel cumple en la crisis de la implementación de los acuerdos de paz que vive Colombia?

“Es que la coca no tiene TLC”

En el Paro Nacional Agrario del 2013 en Colombia, miles de campesinos y campesinas se movilizaron. En una de las concentraciones que cerraban el paso a Florencia, la capital del Caquetá, uno de los campesinos me respondió entre risas cuando le pregunté por qué cultivar coca “es que la coca no tiene TLC”. Es así que tres elementos caracterizan esta actividad: primero, los campesinos y campesinas han sido duramente estigmatizados, negándoles la posibilidad de expresarse políticamente y de obtener reconocimiento político. Segundo, los hombres y mujeres cultivadoras de coca son el resultado del proceso histórico y legal de desposesión de tierras llevado a cabo por el estado colombiano y las élites terratenientes; ellos son colonizadores de las selvas, expulsados por el latifundio y por la violencia a las fronteras del país donde no existen posibilidades de mercados agrícolas legales, sin vías, sin asistencia técnica y con la imposición de unas condiciones de competencia neoliberal de la agricultura que apunta al uso de químicos y a presiones por la productividad insensatas, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es uno de los últimos ataques a la soberanía alimentaria del país.

Tabla 1. Datos sobre concentración de la tierra, Colombia.

En los últimos 30 años de “lucha contra las drogas”, la concentración de la tierra ha aumentado radicalmente. Elaboración propia. Fuente: Fajardo (2009, 68).

La extensión de la dupla ganadería-coca en la Amazonia colombiana es solo al expresión de estas grandes desigualdades que expresan las grandes apropiaciones de la tierra por parte de los ganaderos y la necesidad de sobrevivencia de los pequeños campesinos que ven en la coca una opción para mitigar el hambre (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 2. Uso del suelo en Colombia, Agricultura y Ganadería

Extralimitación de la ganadería como expresión de la apropiación de tierras en Colombia. Elaboración propia. Fuente: Fajardo (2009, 68).

Finalmente, una tercera característica de la actividad cocalera es el desconocimiento de sus vidas en el relato oficial de la “lucha contra las drogas”, donde llama la atención el narcotraficante y el cartel, héroes de novelas, mientras los productores no tienen vidas ni condiciones, apenas son simples delincuentes y auxiliares de la guerrilla. Estos relatos legitiman el uso de la violencia indiscriminada y cruel sobre ellos y ellas en sus territorios y de ahí que sean en gran medida, sobrevivientes del Plan Colombia.

En la concentración campesina en el que el campesino me dijo esa frase, esa misma tarde fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, obligándolos a huir por las montañas, por donde se veían como puntos de colores entre los pastos y los árboles mientras corrían y huían de los helicópteros. Ellos no podían presentarse como cocaleros, la violencia con la que fueron tratados nunca pudo denunciarse ni obtuvo respuesta y los compromisos nacionales que obtuvieron después del Paro Nacional Agrario no han sido cumplidos por el estado colombiano.

La violencia de la ley: territorios de dolor y muerte de la narcotización contrainsurgente²

El año 1998 significó un quiebre central en el conflicto armado en Colombia. Ese año iniciaron los diálogos de paz en San Vicente del Caguán pero también se firmó el Plan Colombia e inició la incursión paramilitar en la Amazonia colombiana. El doble juego de paz y guerra del gobierno colombiano y de la guerrilla resultó en el rompimiento de las negociaciones y la llegada del programa narco-paramilitar de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia quien ejecutó el Plan Colombia que redundó en la militarización de la vida social, económica y política de la región. Con este Colombia se convirtió en el 3er país receptor de cooperación estadounidense bélica despues de Israel y Egipto (Renán, 2015, 40), y que usó la lógica Falta de Estado => Violencia + Narcotráfico para legitimar su presencia armada y violenta en la Amazonia colombiano. Uno de los resultados de esta avanzada militar a la región fue la instalación de bases militares como la de Tres Esquinas, que costó 35 millones de dólares, tiene radares y equipos de inteligencia de última generación y fue construída en 8 meses.

Por un lado, las reglas territoriales de control se hicieron mas fuertes por parte de todos los actores armados. La guerrilla controló de manera más estricta los accesos y la información que salía y entraba de las regiones, y con ello la movilización de la población. La incursión del ejército se notó en el ataque aéreo principalmente, que fue usada indiscriminadamente por lo que las comunidades rurales relacionaron directamente esta militarización con inseguridad y peligro. La paradoja de un estado militar presente pero un estado garantista de los derechos sociales de los campesinos y campesinas ausente, es un una constante en los relatos de los pobladores,

Pero no tenemos en sí la comercialización del mercado asegurado y no tenemos el apoyo ni la ayuda del Estado para eso. Entonces estamos totalmente aislados, y desprotegidos por el Estado. Todo lo contrario, ha habido es represión, después de terminar la zona de despeje, la antigua zona de distensión, lo que hemos tenido es represión en la zona porque nosotros estamos en el epicentro de la zona de despeje, entonces por lo tanto lo que hubo fue una represión terrible referente a la zona. Y ha habido muertos, heridos, no desplazamientos masivos pero sí desplazamientos. Yo fui uno de los heridos el 19 de abril del año 2011, donde estábamos haciendo una labor de limpia de potrero con otros campesinos, estábamos limpiando un potrero y ellos estaban acantonados en un filo al frente, ellos nos miraban por lo menos donde íbamos a trabajar y a las 11 de la mañana en punto nos dispararon sin previo aviso ni nada, es decir, esa es la tarea de la fuerza pública es no defender el campesino sino atropellarlo y masacrarlo. Esa es la realidad de este país, entonces desafortunadamente eso es lo que pasa. (Entrevista 25, Don Roberto).

En terreno, los campesinos y campesinas, niños y niñas, sabían perfectamente reconocer el sonido de los aviones, identificar si era fumigación, bombardeo o monitoreo. Las aspersiones con glifosato fueron otra fuente de amenaza por parte del estado y de aumento de desconfianza por parte de los campesinos y campesinas, y su probada ineficiencia a la hora de disminuir los cultivos de coca ha sido extensamente discutida, probando que es más un debate político que de hechos, dado que las aspersiones se constituyeron en armas de guerra.

Algunos vieron en esta una forma de desplazamiento cuando después de las fumigaciones llegaba la multinacional petrolera a hacer exploración. Las afectaciones médicas por las fumigaciones son un caso central en la cancelación de su uso: un caso que ha llegado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el de una mujer en embarazo que estaba en el lavadero cuando venía la avioneta a asperjar y no alcanzó a resguardarse en la casa, bañandola en químico. Desde ese momento, empezó a enfermarse, perdió el bebé y ella murió un año después. Dejó a dos hijas y a su marido³. Los casos que trascendieron a escaños judiciales fueron escasos primero por falta de conocimiento de los propios campesinos y campesinas, por miedo a que sus vecinos fueran expropiados y por carencia de pruebas “científicas” que comprobaran que habían sido fumigados.

Hectáreas asperjadas y cultivadas de coca en la Amazonia Colombiana (2001-2015)

Datos sobre las hectáreas asperjadas con glifosato y las cultivadas en la Amazonia colombiana (Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vichada, Amazonas, Vaupés y Guainía y se agrega Nariño y Meta) que involucran al Bloque Sur y Bloque Oriental de las FARC-EP. Elaboración propia, Fuente UNODC, 2017.

Las operaciones militares de avanzada en el territorio también provocaron daños incalculables en la región. La estrategia de desplazar población y avanzar militarmente fue usado en varias oportunidades, dos ejemplos son el de Peñas Coloradas y la Unión Peneya, realizadas durante el 2004, un año en la que la guerra se expandió entre los ríos Caguán y Orteguaza y la cordillera del Caquetá⁴. En ambas ocasiones, el ejército desembarcó en los caseríos y la gente tuvo que salir huyendo, dejando todas sus pertenencias atrás. A Peñas Coloradas la población no ha podido regresar y no ha tenido ningún tipo de reparación hasta el momento; en la Unión Peneya pudieron regresar después, y ahora tienen que convivir con una base militar al lado del caserío. Nancy cuenta de su desplazamiento desde ahí,

Dejamos todo eso botado, salimos a las 7 de la noche y usted se imagina uno irse a las 7 de la noche sin una cobija, sin un abrigo. Sin nada y llegamos a una escuela, a la escuela del 30. Porque nos dispersamos. Unos cogieron para un lado y otros para otro. De la Unión para arriba en una hora y ahí amanecimos en el piso de la escuela aguantando frío.

Pues igualmente llegamos y no había nadie ahí, llegamos como a las 9 y pico y 10 de la noche y en medio de tiros y bombas porque eso era lo que hacía la aviación y la fuerza, pues los paramilitares no entraron en ese momento al pueblo, pero llegaron como media hora después y eso era una balacera. Ahí nosotros tirados en ese piso con un niño que yo tenía de cuatro años o sea eso es terrible, sentirlo es peor que vivirlo. Ahí amanecimos y al otro día fueron 20 días que me tocó quedarme con la misma ropa con la que estoy aquí sentada, con la ropa que tengo y tener yo que abrigarme en una toalla e ir y lavarme la ropita y envuelta en la toalla esperar a que se me secara la ropa, veinte días así. (Entrevista Nancy, Octubre del 2016)

Por cuatro años, ella y sus cinco niños, sin marido, anduvieron las calles de La Montañita y Florencia en el Caquetá sin trabajo ni apoyo gubernamental.

La violencia también llegó a través de la presencia de los paramilitares, que buscaban avanzar y controlar territorialmente la Amazonia y los territorios cocaleros. Por ejemplo, en los límites con el Putumayo hubo enfrentamientos fuertes entre la guerrilla y los paramilitares, que venían desde la montaña hacia el río Caquetá para ganarle territorio a la guerrilla y al lado del río estaba el caserío. En cada conversación, contaban todas las veces que los paramilitares bajaban, cómo les llegaba el mensaje de voz en voz, con el campesino corriendo informando que venían en camino y las corridas de todos con sus niños y niñas, comida, animales, tesoros al otro lado del río para resguardarse entre la selva del otro lado. Cuando llegaban “los paracos” ya no había nadie. Encontraban las ollas en el fogón, la música prendida, entonces destruían mercancías, robaban remesa y rompían las casas. No todos alcanzaban a huir y cuando pasaba, se los llevaban a la caseta comunal como nos recuerda Magdalena “ustedes a la caseta, allá mismo a matarlos” y cuando se iban los paracos, regresaban a su casa “una vez encontré una pierna en el lavadero, con la bota puesta y todo”.

Caminar estos pueblos es ir dibujando la geografía del terror: de esa casa sacaron a un viejito y a un muchacho, fueron falsos positivos, por la montaña se encuentran calaveras todavía, en ese otro lado está la cuneta donde dejaron el cuerpo de una mujer que destrozaron. ¿Y los cuerpos de los paracos? No se podían recoger, no nos daban permiso y era muy raro porque no se descomponían, duraban y duraban, eso era por la perica que se metían esos manes. Todos estaban drogados. En los alrededores de las casas que están levantadas hoy se ven dispersas las tazas y letrinas sanitarias, de donde habían casas antes. Otro éxodo.

Estos escenarios de terror contados desde las experiencias de los campesinos y campesinas en sus vidas como cocaleros y cocaleras o como pobladores en estos lugares, son relatos de una guerra total, justificada por el estado colombiano a través del imaginario de una tierra sin ley, donde la violencia del estado (con o sin paramilitares) se asume por las autoridades como legítima: esa es la “lucha contra las drogas”.

Acuerdos de Paz en Colombia y cultivos de uso ilícito: contradicciones latentes

El final de los acuerdos de paz en Colombia se convirtió en una montaña rusa que dejó un sinsabor en el escenario político. A finales de agosto se firmó el cese de negociaciones y el documento final que fue puesto a discusión por el secretariado de las FARC a sus delegados entre el 17 y 23 de septiembre en las sabanas del Yarí (límites de la Amazonia y los Llanos Orientales) en la X Conferencia. Con el visto bueno, desde ahí voló el secretariado para firmar el acuerdo en Cartagena el 26 de septiembre y una semana después en el Plebiscito por la Paz, por una pequeña diferencia pero con un enorme porcentaje de abstención, los resultados a la pregunta ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera? mostraron ganador el No a los acuerdos firmados.

Esa semana el país quedó en la incertidumbre mayor cuando el lunes la oposición, encabezada por Álvaro Uribe Vélez rechazó la invitación de Juan Manuel Santos a Palacio de Nariño, el martes, después de 5 años sin un cara a cara, ambos – expresidente y presidente- se vieron, sin lograr enviar un mensaje claro al país. El miércoles una movilización multitudinaria salió a las calles de Bogotá y el jueves salió una entrevista del jefe de campaña del No, Juan Carlos Velez del partido Centro Democrático, en la que contaba las trampas que usaron para lograr movilizar el voto hacia el rechazo a los acuerdos. El viernes, como el espaldarazo internacional que le devolvería legitimidad a Juan Manuel Santos para declarar la renegociación de los acuerdos, pero no su rompimiento, el presidente colombiano recibió el Premio Nobel de Paz. Las renegociaciones se hicieron y el 24 de Noviembre se firmó un nuevo texto de acuerdos, que tampoco fue aceptado por la oposición. El congreso colombiano y las cortes le dieron la validez política que necesitaba este texto para ser incluido en la Constitución, por lo que el cierre del ciclo de negociaciones no deja de estar señalada de ilegítima, lo que ha permeado la implementación.

De los 6 puntos que constituyen el acuerdo, el punto 4 refiere a la solución al problema de las drogas ilícitas, donde está planteado el tema de sustitución de la coca. Sin espacio político para negociar, la legislación prohibicionista (Ley 30 de 1986) en torno a la prohibición de la coca no se alteró y solo se señaló la necesidad de hacer los cambios jurídicos necesarios para hacer un tratamiento penal diferencial a los campesinos, que aún no se cumple y tiene una recia oposición de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, la política prohibicionista se mantiene y la amenaza de la reactivación de la fumigación con glifosato sigue latente en los acuerdos de paz.

El corazón de la implementación del punto 4 es la sustitución de coca, que está estrechamente integrada con el punto 1 – que refiere a la Reforma Rural Integral. La base de implementación es pasar de actividades rurales ilegales a legales a partir de la transformación del campo colombiano con programas de desarrollo y de sustitución elaborados entre las comunidades rurales y el estado colombiano. Para esto hay dos herramientas, los Planes de Acción Inmediata (PAI), unos compromisos en el corto plazo, y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), que son los planes a mediano y largo plazo para el paso de la actividad ilegal a la legal. La solución ha sido exigida durante largo tiempo por los campesinos y las campesinas pero la implementación ha sido seriamente saboteada.

Con la disculpa del repunte de cultivos de coca en los últimos años, el gobierno nacional ha lanzado una política paralela a la sustitución que refiere a 50 mil hectáreas sustituídas y 50 mil hectáreas erradicadas forzada y manualmente. Esto ha incendiado el país creando conflictos directos entre los y las cultivadoras por un lado, y la policía y el ejército por el otro, aún cuando las comunidades ya han firmado los primeros PAI (acuerdos de voluntades de sustitución). En la masacre de Tumaco, las comunidades defendían el acuerdo que habían firmado con el gobierno y que el mismo estado colombiano se pasó por alto al querer erradicarlos (Telesur, 9/11/17).

A la vez, los compromisos firmados con el gobierno colombiano no se cumplen: las comunidades rurales no reciben sus pagos ni tampoco el gobierno cumple los compromisos en términos de atención inmediata del PAI y la construcción de los PISDAS no arranca. En terreno, la firma de los acuerdos de voluntade (PAI) ha estado viciada con amenazas de erradicación e imposición de compromisos por parte del gobierno, lo que ha aumentado el clima de desconfianza de las comunidades con el proceso y la falta de legitimidad de esos acuerdos.

Todos los principios que sostienen el punto 4 de los acuerdos han sido violados; no hay integralidad con la reforma rural integral, tampoco ha habido una construcción conjunta, concertada y participativa de los planes de desarrollo, el enfoque territorial y diferencial no ha sido tenido en cuenta, y no ha habido respeto por la aplicación del Estado Social de Derecho, particularmente las garantías constitucionales de respeto a los Derechos Humanos de las comunidades rurales.

A pesar de que algunos sectores señalan esta crisis como un problema de capacidad del estado colombiano, la verdad es que es la propia naturaleza de su funcionamiento. Los principios de despojo a las comunidades campesina parten desde la misma existencia del mismo, por lo que esta doble política de “combate a las drogas” no es un error o falta de coordinación, sino hace parte de una estrategia completa de mantener las dinámicas de desposesión y explotación en el campo colombiano, y a su vez sabotean la implementación.

A esto hay que agregar que la injerencia de los Estados Unidos está más viva que nunca, así como ocurrió durante la negociación de los acuerdos de paz. El visto bueno de Obama se vio ahora radicalmente transformado en la oposición de Trump que a través de los informes de control de drogas que ha lanzado este año reactivó la amenaza de la descertificación, como un deja vú de la década de 1990, y la inminencia de las fumigaciones con glifosato. Entre el 23 y 24 de octubre de este año se publicó el informe de la que insiste en las alianzas colombo-mexicanas para la producción y el tráfico, acusa a las FARC de seguir en el negocio y exige más acciones sobre las comunidades cocaleras, como un espaldarazo a la represión de la policía y el ejército en medio del Paro Campesino que se activó esta misma semana, en solidaridad con la masacre de Tumaco y exigiendo la implementación de los acuerdos (ElEspectador, 24/11/17).

El teatro del ahorcado

Nelly Luna es una campesina que hizo parte de un cerco humanitario en el Caquetá para defender los plantes. En este hecho, 14 policías fueron rodeados por los campesinos y las campesinas, que insistieron en la presencia de un delegado de gobierno para discutir lo que ocurría. Varios meses después fue capturada por secuestro extorsivo de los 14 policías, y permanece aún en la cárcel sin derecho a casa por cárcel. A pesar de que no es por la ley 30 (de drogas), sus cargos refieren a la actividad cocalera y a la implementación de los acuerdos, además las probabilidades de encarcelamiento y amenaza aumentan porque es militante del Partido Comunista desde hace 30 años, desplazada de la Unión Peneya y dirigente de mujeres campesinas; el blanco perfecto de la “lucha contra las drogas”.

El periodo Pos-Plan Colombia se caracteriza entonces por la vigencia de la política contra las drogas, lo que va en contravía directamente contra la implementación de los acuerdos de paz, en particular a los beneficios que recibirían las víctimas del conflicto, campesinos y campesinas de la Amazonia colombiana. Los campesinos y campesinas que son los beneficiarios están siendo perseguidos, estigmatizados y reprimidos, como hace 30 años.

Aún falta mucho por discutir sobre las relaciones del sistema capitalista y el crimen, pero sí hay una cosa clara en nuestros tiempos, hay más crímenes que perdones. Es necesario profundizar sobre la manera en que se construyen y destruyen mercados “ilegales” que no están ajenos a la legalidad, por el contrario, el capitalismo los administra y los usa para resolver sus recurrente contradicciones. Es una burocracia que mueve miles de millones de dólares y que lubrica el ejercicio del poder que resulta en las expresiones del teatro del ahorcado en las noticias, desde policías incautanto tristes bolsas de marihuana hasta lanzando gases lacrimógenos y matando campesinos, “porque atentan contra los valores familiares”.

Hay que agregar también que hace falta una evaluación seria de las políticas drogas de los países latinoamericanos que muchas veces replican la política punitiva tanto de consumo como de producción, convirtiéndose en palancas de represión a movimientos sociales y políticos, replicando discursos moralistas sin argumentos científicos e impidiendo la prevención y tratamiento integral a los usuarios de sustancias, y la radical y real transformación de las condiciones de explotación de las clases.

Desde el siglo XIX, “los criminales” solo disminuyen con la muertes de pobres en las hambrunas, como relata Marx ocurrió en Irlanda. Más de un siglo después, la fuerza de la ley, en este caso la de la prohibición, apuntan a lo mismo, miles de campesinos y campesinas perseguidos por la fuerza de la desposesión cultivando coca, y nosotros, unos espectadores esperando que mueran ahorcados. Como señaló Marx ante la pena capital “¿no se impone pensar seriamente en cambiar el sitema que genera estos crímenes, en lugar de celebrar al verdugo que ejecuta partidas de criminales tan solo para hacer sitio a las nuevas remesas?”.

Bibliografía

Anderson, P. (2013). Imperium et Consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos. Madrid: Akal.

El Espectador. (24/11/2017) Producción de cocaína en Colombia aumentará en el 2017: EEUU. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/produccion-de-cocaina-en-colombia-aumentara-en-2017-eeuu-articulo-719578

Fajardo, D. (2009). Territorios de la agricultura colombiana. Bogotá: Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social.

Marx, K. (2010). Elogio del crimen. Madrid: Sequitur.

Telesur (9/11/2017) Lo que no se dice de la masacre de Tumaco, Colombia. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Lo-que-no-se-dice-de-la-masacre-de-Tumaco-Colombia-20171009-0055.html

UNODC (2017) Monitoreo de cultivos de coca en Colombia 2016. Bogotá. SIMCI.

Vega Cantor, R. (2015). La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, Contraninsurgencia y Terrorismo de Estado. Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, Espacio Crítico.