Por Leonardo Juárez
Ha pasado desapercibida la noticia de que el gobierno nacional impulsa un proyecto de modificación del estatuto del Banco Central de la República Argentina (seguramente va a ser aprobado por ambas cámaras) para que en su directorio pueda haber extranjeros.
Respecto de este último aspecto, el proyecto del gobierno modifica el artículo 6, cuyo texto actual dice: “El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía”. (Estaba expresamente prohibido que haya extranjeros, no pasaba desde 1935, lo manejaban los ingleses)
Al eliminar este requisito, el gobierno pone de relieve un plan que hace tiempo da vueltas por la cabeza de algunos de sus miembros, en el sentido de que la extranjerización del Directorio ayudaría a “preservar la independencia” del BCRA. Propuestas similares se escucharon entre los años 2000 y 2002. Primero, durante el mandato del radical Fernando de la Rúa, cuyo programa económico estaba férreamente monitoreado por el FMI.
En realidad tener miembros extranjeros sin ninguna limitación le permite a estos junto a las cerealeras, tener el manejo absoluto del control de las divisas argentinas, (Argentina va a producir 140 millones de toneladas de grano, pero cayo ostensiblemente la cotización de los mismos, 210-220 dólares la tonelada de soja a término y 130 -140 la de maíz a término. Si exporta todo, que es el mejor de los escenarios, serían uno 28.000 millones de dólares, es decir que el volumen de divisas va a ser aproximadamente los mismos del año anterior.) Con el control de las divisas y del Banco central, manejan a su antojo las crisis y los procesos, (devaluaciones, corridas cambiarias, etc.), es decir que van a diseñar las políticas monetarias (y todas las variables de la política) de Argentina desde la bolsa de Chicago.
Un Banco Central en manos extranjeras no solo significa que son representantes directos de las cerealeras, implica también la búsqueda de extraterritorialidad para la consolidación de estos negociados, que las cosas se arreglen en los tribunales de Nueva York, y no en nacionales. Estamos ante la confirmación de que los buenos negocios siempre son atendidos por sus propios dueños.
Mientras seguimos discutiendo sobre Samid, descubriendo ahora que la justicia burguesa es una verdadera mafia y algunos exaltan las bondades del “capitalismo bueno”, los burgueses la tienen clara y hacen sus negocios, porque en el “capitalismo todo es por guita”.
